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Trabajo frente a Vox: avisa de que frenar la inmigración pondrá en peligro las pensiones

secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. EFE

 

El rechazo frontal a la inmigración con el que Vox ha irrumpido en Andalucía ha encendido las alarmas en el Ministerio de Trabajo, que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha remado para contar con los trabajadores extranjeros como una vía más para incrementar los ingresos por cotizaciones ante la necesidad de costear el creciente gasto en pensiones.

En un encuentro con periodistas para responder a la opinión de la Autoridad Fiscal (AIReF) sobre el déficit del sistema de pensiones, el secretario de Estado de Seguridad Social ha lanzado un mensaje inequívoco para aquellos que, como la formación liderada por Santiago Abascal, opinan que hay que poner freno a la inmigración.

“España debe ser un país abierto a la inmigración. La percepción de que se tiene de la inmigración como fenómeno negativo es equivocada y desde las políticas públicas hay que corregirlo. Las personas que piensan que puede ser un riesgo está poniendo en riesgo el sistema de pensiones porque la pirámide de población no se va a corregir a la velocidad necesaria”, ha dicho Granado.

El rechazo frontal a la inmigración con el que Vox ha irrumpido en Andalucía ha encendido las alarmas en el Ministerio de Trabajo, que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha remado para contar con los trabajadores extranjeros como una vía más para incrementar los ingresos por cotizaciones ante la necesidad de costear el creciente gasto en pensiones.

En un encuentro con periodistas para responder a la opinión de la Autoridad Fiscal (AIReF) sobre el déficit del sistema de pensiones, el secretario de Estado de Seguridad Social ha lanzado un mensaje inequívoco para aquellos que, como la formación liderada por Santiago Abascal, opinan que hay que poner freno a la inmigración.

“España debe ser un país abierto a la inmigración. La percepción de que se tiene de la inmigración como fenómeno negativo es equivocada y desde las políticas públicas hay que corregirlo. Las personas que piensan que puede ser un riesgo está poniendo en riesgo el sistema de pensiones porque la pirámide de población no se va a corregir a la velocidad necesaria”, ha dicho Granado.

Posteriormente, ha señalado que “la opinión pública debe conocer que para que las pensiones sean sostenibles, España debe ser un país abierto a la inmigración”, y que, en todo caso, es preciso abrir un debate para plantea que inmigración necesita España y qué requisitos deben establecerse para la entrada al país.

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Más allá, Granado ha hablado de flexibilidad. Porque se trata de un término que el Ministerio de Trabajo tiene muy presente en estos momentos a la hora de abordar soluciones para reequilibrar el déficit de la Seguridad Social.

Concretamente, si bien la autoridad fiscal planteaba la posibilidad de elevar aún más la edad legal de jubilación por encima de los 67 años desde 2027 (año en el que culmina la elevación practicada en la reforma de 2011), el Gobierno cree que antes habría que actuar sobre la edad efectiva, porque en realidad, pese que en 2o19 la edad legal queda fijada en 65 años y 8 meses, los españoles se retiran de media con 63,7 años sin contar clases pasivas, según una estimación de Trabajo.

En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha manifestado en un encuentro con los medios que el Gobierno no cree necesario en estos momentos tocar la edad legal de jubilación, sino introducir una combinación de medidas de flexibilidad, unas voluntarias y otras obligatorias, para que el retiro efectivo se produzca más tarde, al menos un año, de forma que se cotice durante más tiempo y se consuma la pensión durante menos años.

AIReF estima que la edad efectiva de jubilación con clases pasivas se situará en 2027 en los 64,5 años, con lo que Granado ha planteado la necesidad de elevar la edad real de jubilación a los 65,5 años en 2048. Eso, en su opinión, contribuiría a apuntalar el sistema público de pensiones, y eso es lo que tratará abordar con patronal y sindicatos en el seno del diálogo social.

Cuidado con las jubilaciones anticipadas

Además, el secretario de Estado de Seguridad Social ha considerado que se pueden plantear jubilaciones anticipadas por colectivos, pero dejando claro que todas las fórmulas de jubilación anticipada deben cargar su coste sobre los beneficiarios y no el Estado.

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El secretario de Estado de Seguridad Social ha sugerido de ese modo la posibilidad de establecer, por colectivos, algún tipo de factor de sostenibilidad –que no ha dado por muerto– a la carta mediante convenios especiales con la Seguridad Social o fórmulas como la adoptada recientemente con la Policía Local, en la que se ha introducido la posibilidad de jubilarse a antes de los 60 años, pero a cambio de una sobrecotización para no dañar al sistema.

En otros casos, por ejemplo en el caso de colectivos como estibadores o mecánicos de Renfe, lo que se ha hecho es directamente obligar a cotizar por la tarifa máxima por accidentes de trabajo, para poder compensar la anticipación de la edad de jubilación.  Más aún, Granado ha opinado que “no habría ningún problema” en que algo así se aplicara también en el sector privado.

Factor de sostenibilidad

Por otro lado, Granado también ha manifestado que el Gobierno no sacrificará el poder adquisitivo de las pensiones, pero ha abierto la puerta a introducir elementos que limiten la pensión inicial, algo que conforma el corazón del factor de sostenibilidad de las pensiones, en suspenso hasta 2023.

En este sentido, ha asegurado que “el Gobierno no da por muerto el factor de sostenibilidad”. En todo caso, ha avanzado que, de la mano con el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la AIReF, se va a definir el coste de la evolución de la esperanza de vida para la Seguridad Social hasta entonces, para después elevar una propuesta para ver qué medidas hay que adoptar por el lado de los gastos y los ingresos.

Asimismo, Granado ha afirmado que la opción de ampliar los años de cómputo a efectos de cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, como ha planteado AIReF, “acercaría la legislación española a estándares europeos y no debería producir efectos negativos”.

 

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