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Guerra de peritos en el Supremo a cuenta de la malversación en el procés

Los técnicos de las acusaciones sostienen que la apertura de los colegios el 1-O costó más de 900.000 euros mientras las defensas desacreditan esos cálculos

La sala de vistas del juicio del procés se convirtió este jueves en un verdadero campo de batalla entre los peritos de las acusaciones y las defensas. La lucha fue encarnizada entre ambas partes, sabedoras de que en esta sesión se estaba jugando, en buena parte, la condena por malversación a los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont que se sientan en el banquillo.

El motivo de la controversia que copó horas de debate es una cifra: 900.906,70 euros. Es la cantidad exacta que los peritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado estiman que costó la apertura de los 2.259 inmuebles que el Govern habilitó para el referéndum independentista del 1-O. Casi un millón de euros que las acusaciones quieren que paguen de forma solidaria los consejeros imputados.

Los técnicos de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) e Ibertasa Sociedad de Tasación, Carlos Irisarri y José Manuel Cámara, se enfrentaron a 'cara de perro' con los peritos Jordi Duatis y Joan Güell en lo que casi pareció un careo judicial. Los primeros, en esencia sostuvieron que sí; que, aunque los inmuebles usados para el referéndum ilegal de 2017fueran de titularidad públicas sí que se puede fijar un valor, a modo del alquiler, por su utilización. Los segundos arguyeron con vehemencia que es imposibles establecer una cifra porque aquel día no hubo un lucro cesante (un perjuicio económico) para la administración por la cesión de esos espacios para la consulta.

El técnico de Segipsa explicó que su cálculo era científico y riguroso porque, en realidad, se trató de ver «cuánto costaría el alquiler por un local similar». O sea, de calcular una «renta potencial» o «equivalente» a si esos colegios se hubieran alquilado a precio de mercado.

Las contrapericia de las defensas intentó convencer al tribunal que el análisis de los técnicos del Estado (ayudados por la sociedad Ibertasa) no tiene ningún valor y está plagado de errores. Insistieron los especialistas de los imputados en que es irreal calcular que la media de los locales electorales de Cataluña fuera de 2.334 metros cuadrados. Es más, denunciaron que los especialistas de las acusaciones habían hinchado los cálculos hasta el punto de computar alquileres de locales de más de 73.000 metros cuadrados, cuando el espacio destinado para la votación no habría superado los 500 metros. «No conozco ningún proceso electoral de 24 horas», insistió el perito de las defensas Duatis, criticando que los técnicos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado hubieran calculado como si los locales hubieran estado alquilados a los votantes durante toda la jornada electoral.

«Estamos en un caso singular. Podíamos haber contestado al tribunal que no podíamos hacer el cálculo. Pero hemos decidido hacer un cálculo de valor razonable, que no de valor de mercado«, le contestó el perito Cámara de Ibertasa. Este técnico recalcó que la valoración ha sido »masiva« por comparación, teniendo en cuenta varios factores de cada inmueble (suelo, construcción y depreciación). »Es un mero ejercicio teórico»; le afeó Duatis.

La guerra entre unos y otros llegó a provocar visibles aspavientos entre los peritos de las defensas y los abogados de los imputados. La pérdida de compostura llevó incluso al presidente Manuel Marchena a llamar al orden.

«Podemos volver mil veces sobre los mismo. Ellos consideran que el coste es cero. Y nosotros no», zanjó el técnico de Ibertasa, intentado poner calma en una de las sesiones más tensas del juicio.

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